El pleno del Congreso de Perú rechazó este martes (4.04.2023) aceptar a debate una moción de destitución de la presidenta Dina Boluarte, que fue presentada por legisladores de izquierda por las decenas de fallecidos en la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
La propuesta recibió 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones, por lo que el presidente del Congreso, José Williams, anunció que “pasa al archivo”.
De inmediato, se presentó una reconsideración de esa votación, que también fue rechazada, al recibir 34 votos a favor, 67 en contra y 10 abstenciones.
La moción, que fue sustentada por el legislador Hamlet Echevarría, de la bancada izquierdista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, planteaba que Boluarte fuera destituida por una “permanente incapacidad moral” para seguir en el cargo.
La situación de Boluarte
La presentación de la moción fue formalizada el pasado jueves ante el pleno, tras lo cual Williams anunció que sería sometida al voto para su posible aceptación a debate en la siguiente plenaria, que luego se convocó para este martes.
Sin embargo, el presidente del Legislativo adelantó el viernes pasado su rechazo a la eventual destitución de Boluarte, al afirmar que “lo que es importante es que haya tranquilidad en el Estado, tranquilidad en la población, y que las cosas se comiencen a ver hacia el futuro”.
Además de esta moción de destitución, Boluarte fue incluida la semana pasada en una investigación de la Fiscalía, junto a Castillo, por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones generales de 2021, en base a unas declaraciones del empresario Henry Shimabukuro.
Esa investigación fue esgrimida por la oposición como un argumento adicional para pedir la destitución de la gobernante.
Boluarte rechaza las acusaciones y las considera una “oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas”.
Castillo permanece en prisión preventiva mientras es investigado por organización criminal y rebelión, y la jefa de Estado lo es por las casi 60 muertes en las manifestaciones, además de denuncias de presunta corrupción entre sus excolaboradores.
Al respecto, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró este martes al Canal N que las casi 60 muertes producidas durante las protestas “no pueden establecerse que es un genocidio”, aunque remarcó que esos casos “merecen investigación, sanción y reparación”.
