La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) de Costa Rica solicitó a nivel internacional el congelamiento de criptomonedas presuntamente vinculadas a una red criminal acusada de fraudes registrales y lavado de dinero, conocida como el caso “Madre Patria”.
El dato fue revelado por el fiscal Carlos Castro Sojo durante una audiencia de prórroga de medidas cautelares, según reportó el diario Costa Rica Hoy, medio que ha tenido acceso directo al expediente judicial.
Millonarias transacciones bajo investigación
La investigación involucra a 19 imputados, entre ellos dos ciudadanos españoles —de apellidos León y Gómez— quienes habrían liderado la organización junto a dos hermanos costarricenses. El grupo operaba con el apoyo de abogados, notarios y expertos en tecnología.
Según el fiscal Castro Sojo, el bloqueo de criptoactivos se gestiona mediante asistencia penal internacional, coordinada con la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI). También se confirmó el levantamiento del secreto bancario y el aseguramiento de productos financieros de los involucrados.
Criptomonedas y “mixers”: un intento de blanquear capitales
Parte del dinero presuntamente defraudado habría sido convertido en criptomonedas para darle apariencia legal. Uno de los ingenieros implicados, de apellido Barrientos, recibió en mayo de 2021 un total de 375 bitcoins (aproximadamente €11,8 millones) a través de un exchange español.
Los fondos fueron inmediatamente redirigidos a otras billeteras digitales utilizando la plataforma Wasabi, conocida por operar en la “red oscura” y aplicar técnicas como los “mixers”, diseñadas para ocultar el origen del dinero.
Adquisición masiva de bienes y sociedades
Después de ese movimiento, las autoridades detectaron un incremento “exponencial” en bienes adquiridos por Barrientos, incluyendo vehículos de lujo (BMW, Mercedes, Porsche) y propiedades de alto valor. Se identificaron 12 sociedades registradas a su nombre, varias compartidas con los supuestos líderes españoles.
Las criptomonedas también habrían sido usadas para invertir en rutas de transporte público concesionadas y en negocios tipo outlet, según las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Intentos de encubrimiento y ruptura interna
Posteriormente, el OIJ registró traspasos entre sociedades, renuncias de juntas directivas y fusiones empresariales que habrían tenido como fin dispersar activos y simular legalidad. Incluso, Barrientos y Fernández —otro ingeniero implicado— denunciaron penalmente a Gómez y León, alegando haber sido engañados.
No obstante, para la Fiscalía, este giro sería parte de un intento de distraer a la justicia y aparentar cooperación tras una ruptura interna en la estructura criminal.
Prisión preventiva prorrogada para uno de los ingenieros
El pasado 18 de julio, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José prorrogó por seis meses la prisión preventiva contra Barrientos. Su presunto colaborador, Fernández, fue liberado bajo arresto domiciliario.
