Por primera vez en la historia del país, una vicepresidenta ha sido condenada a la cárcel. Un golpe de consecuencias impredecibles para el kirchnerismo que ha dominado la política durante las últimas dos décadas
Era el final de una tarde de calor devastador y la institucionalidad argentina estaba golpeada y fortalecida a la vez, como quizás nunca antes en 39 años de democracia. Los ciudadanos seguían digiriendo la noticia, el presidente estaba en el extranjero y, en su despacho del Senado de la Nación, la vicepresidenta buscaba marcarle una vez más el rumbo a su partido y a su país. Sí, incluso en el peor día de su vida política.
Furiosa y con la voz quebrada, Cristina Fernández de Kirchner bajó la cabeza cual toro ante un trapo rojo y embistió con toda su fuerza: la condena a seis años de prisión que se le impuso por defraudar al Estado es producto de una “mafia judicial”, de un “Estado paralelo”. Y ella no piensa someterse a esas fuerzas oscuras que mandan “por fuera de los resultados electorales”. Es por eso que no se presentará a ningún cargo una vez que deje la vicepresidencia de Argentina dentro de un año, el 10 de diciembre de 2023.
“¿A mí, administración fraudulenta?”, se preguntó en el cierre desbocado de casi una hora de exposición, mientras los argentinos comentaban una noticia que es un parteaguas en la historia del país: por primera vez un vicepresidente en ejercicio es condenado a prisión. Todo un dato que, sin embargo, no paralizó al país: las manifestaciones de apoyo a Fernández de Kirchner fueron menores. Los argentinos tienen hoy problemas más cercanos y directos con que lidiar, entre ellos la inflación del cien por ciento anual.
El kirchnerismo, que dominó la vida política del país en las últimas dos décadas, recibía así un golpe de consecuencias impredecibles en un contexto ya de por sí negativo: las encuestas pronostican para las presidenciales de 2023 una derrota aún más contundente que la de las legislativas de 2021, la peor en la historia del peronismo.
NO ENTRARÁ EN PRISIÓN
Fernández de Kirchner, de 69 años, no ingresará a prisión, ya que esto no sucede en el sistema judicial argentino hasta que se agotan las instancias de apelación. La vicepresidenta dispone aún de dos, y si finalmente se confirmara la condena a prisión, la cumpliría en su domicilio, por ser mayor de 70 años. Pero en ese martes abrasador, Cristina se enfocó en otra cosa: su futuro político y el del peronismo.
“¡No voy a ser candidata! El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, mi nombre no va a estar en ninguna boleta, termino el 10 de diciembre y vuelvo a mi casa. Si antes no me meten un tiro”, añadió la dos veces presidenta (2007-2015) en un volcánico descargo en momentos en que, ante la ausencia de Fernández, ejercía la presidencia de la Nación. Lo del tiro no es metáfora: el 1 de septiembre un hombre plantó una pistola ante su rostro, pero la bala no salió. Fernández de Kirchner sostiene que no fue un “loco suelto”, sino alguien enviado por poderosos que quieren eliminarla.
En ese trepidante tramo final, la vicepresidenta le habló directamente a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, que edita el diario más leído del país, y por el que la ex presidenta siente una particular inquina. El arranque de furia y el contenido de sus palabras fueron asombrosos.
“Una buena noticia para usted, Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser más vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, Magnetto, ¡nunca, jamás!”.
Una hora antes del estallido verbal de la vicepresidenta, Jorge Gorini, uno de los tres jueces que firmaron la condena, leyó la sentencia, momento que fue seguido con enorme expectación por millones de argentinos. Una sentencia que incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una cifra de 84.434 millones de pesos (unos 500 millones de euros) que deberían ser decomisados a los condenados y devueltos al erario público. La fiscalía ya anunció que recurrirá la sentencia: pedían 12 años de prisión y una condena por asociación ilícita, que el tribunal desestimó.
El tribunal fue tan claro como duro en sus fundamentos. “Tenemos la certeza de que existió una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó al Estado”, señalaron los jueces, antes de añadir una frase demoledora: “Hubo un interés manifiesto de Cristina Kirchner en el plan criminal“.
Era el final, más allá de las apelaciones que llegarán, de un proceso que se inició en noviembre de 2008 con la denuncia de tres mujeres: Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC) y las hoy diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic, del mismo partido, que integra la coalición opositora Juntos por el Cambio.
“A PARTIR DE HOY SOMOS TODOS IGUALES ANTE LA LEY”
“Después de 14 años de lucha contra la impunidad hay justicia, y a partir de hoy somos todos iguales ante la ley”, dijo Zuvic, cuyo padre fue muy amigo de Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007 y fallecido en 2010. Zuvic padre se suicidó, y en un escrito a su familia mencionó la decepción que la corrupción de su amigo Néstor generó en él, según recordó con emoción la diputada, entrevistada por la televisión argentina.
“Uno de los objetivos de Cristina en su regreso al poder era domesticar a la Justicia, y eso no ha ocurrido. Es un notable fracaso político de su parte”, dijo el analista político Nelson Castro. El periodista Claudio Savoia amplió el foco en “Clarín” y comentó la condena en un contexto regional y no sin ironía.
“América Latina sigue prodigando autoridades corruptas al mundo: los peruanos Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo; los ecuatorianos Jamil Mahuad y Rafael Correa; los paraguayos Luis González Macchi y Juan Carlos Wasmosy; los brasileños Fernando Collor de Mello y el ahora restablecido Luis Inácio Lula Da Silva son sólo algunos nombres de expresidentes condenados o con avanzadas investigaciones en su contra por delitos de corrupción. Cristina Kirchner suma su nombre al de Carlos Menem para reforzar el aporte argentino a la Patria Grande”.
“Página/12”, periódico afín al gobierno, vio las cosas de otra manera: “El golpe final del lawfare: condena y proscripción para CFK”.
La Casa Rosada difundió un comunicado criticando el proceso judicial por estar “plagado de irregularidades” y “cercenar los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado”. “Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial”, se escribió desde la sede de la jefatura del Estado.
En su extenso, enfático y desordenado descargo, Fernández de Kirchner enfatizó que “la presidenta de la Nación no es responsable de la administración y ejecución del presupuesto”, y que esto está en manos del Jefe de Gabinete de Ministros. Uno de sus jefes de Gabinete fue Sergio Massa, actual ministro de Economía. Y otro fue Fernández, actual presidente de la Nación.
