La justicia argentina concedió este martes el beneficio de la cárcel domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), sentenciada a seis años de prisión, y dejó sin efecto su comparecencia ante el tribunal, lo que significa que la líder peronista ya está presa y que ha entrado en vigor la condena.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, otorgó a Fernández, de 72 años de edad, el cumplimiento de la condena en su domicilio del sector capitalino de Constitución, rodeado de simpatizantes de la expresidenta desde la semana pasada.
De acuerdo con la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no deberá comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo este miércoles.
El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas que no podrá abandonar su domicilio «salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente».
También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la «convivencia pacífica» de sus habitantes.
El juez ordenó colocar a Fernández dispositivo de vigilancia electrónico
En plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la justicia lista de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
El juez ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara el dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada.
