La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este lunes 7 de agosto al régimen de Nicolás Maduro al respeto a los derechos humanos y cesar la criminalización de personas Lgbti en el país, «en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación».
En un comunicado, la CIDH expresó su preocupación ante las «acciones arbitrarias» y los abusos de autoridad cometidos por efectivos policiales que, a su juicio, «denotan prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, así como características sexuales de las personas».
La Comisión recordó que «la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos. Asimismo, bajo los principios de debida diligencia, cualquier información relacionada con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de personas investigadas debe manejarse con estricto control de privacidad para salvaguardar el respeto a la dignidad y derechos de las personas involucradas».
El pasado 23 de julio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizó un operativo en un local privado en Valencia, estado Carabobo, donde se detuvieron a 33 hombres.Los detenidos fueron fotografiados y sus identidades fueron divulgadas por el organismo en una minuta policial, que fue replicada sin los debidos estándares por varios medios de comunicación y en redes sociales.
De las personas arrestadas, 30 fueron liberadas bajo régimen de presencia en los juzgados, mientras que tres se mantuvieron privados de libertad durante diez días.
La CIDH tomó nota de las denuncias hechas por defensores de derechos humanos, que afirman que la motivación detrás de estas detenciones es el prejuicio y discriminación por orientación sexual. «Ello en el contexto de que las personas LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado en base a prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas».
El organismo internacional hizo un llamado al Estado venezolano para que garantice el principio de legalidad, «asegurando la libertad de las personas en casos donde no se configure imputabilidad o delito». Además, instaron a las autoridades a abstenerse de exponer públicamente a estas personas y velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia.
