El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que la postura de la UE sobre Nicaragua «está muy clara» y que las medidas del régimen contra su nuevo embajador en el país latinoamericano en respuesta a su petición de democracia no les «va a callar».
«Nuestra posición con respecto a Nicaragua está muy clara. Creemos que es una dictadura pura y dura, dura, dura», afirmó Borrell en una entrevista con EFE.
El jefe de la diplomacia europea recordó que el bloque ha «criticado y condenado la violación de los derechos humanos que allí se producen», en Nicaragua, pero que pese a ello mantiene en lo que puede «la ayuda y cooperación» en el país.
«Y sí, de cuando en cuando ocurre eso, que como nuestras críticas no les gustan, pues retiran los plácets hechos a nuestros embajadores. Ya pasó con Venezuela, pero eso no nos va a callar», aseguró Borrell.
El martes, Nicaragua retiró el plácet a Fernando Ponz debido al «injerencista, atrevido e insolente comunicado» divulgado por el organismo comunitario sobre la crisis que vive el país centroamericano desde hace cinco años.
En el comunicado del martes, emitido por Borrell, la UE apoya una solución «democrática, pacífica y negociada» a la crisis sociopolítica en Nicaragua, un lustro después de que comenzaran las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Recordaba, además, la “condena sistemática» de la UE a la represión contra los manifestantes y que ha «pedido reiteradamente la liberación de todos los presos políticos, el pleno retorno al Estado de Derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país».
Igualmente, instaba al Gobierno de Nicaragua a entablar un diálogo genuino e inclusivo con el pueblo nicaragüense sobre «sus demandas legítimas”.
La crisis política que vive Nicaragua comenzó con las protestas del 18 de abril de 2018 por las reformas del sistema de seguro social.
Estos hechos acabaron con la muerte de al menos 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, y desencadenaron una ola de represión contra la disidencia.
El presidente Ortega reconoce que fueron «más de 300» los muertos y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
La crisis política y social se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
