Funcionarios de la administración Trump han descrito a los hombres deportados a las cárceles de El Salvador el mes pasado como «lo peor de lo peor», sugiriendo que eran pandilleros involucrados en asesinatos, violaciones y secuestros.
La realidad es que, de los 238 migrantes —en su mayoría venezolanos— que las autoridades acusaron de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y expulsaron al país centroamericano a mediados de marzo, solo una pequeña fracción había sido acusada de delitos graves en Estados Unidos.
Cientos de páginas de registros legales y declaraciones del gobierno estadounidense revisadas por Bloomberg News encontraron que cinco hombres fueron acusados o condenados por delitos graves de agresión o violación de armas de fuego. Tres hombres fueron acusados de delitos menores, incluyendo acoso y hurto menor. Otros dos fueron acusados de tráfico de personas.
Para el resto de los hombres, no había información disponible que mostrara que hubieran cometido algún delito más allá de violaciones de tránsito o inmigración en Estados Unidos.
Los hallazgos plantean interrogantes sobre cómo la administración Trump determinó que los migrantes enviados a El Salvador eran delincuentes violentos. Estados Unidos sostiene que todos los venezolanos a bordo de los vuelos cometieron un delito por encontrarse en el país ilegalmente, según declaró un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico. El funcionario añadió que muchos de los hombres que carecían de antecedentes penales en Estados Unidos eran, sin embargo, terroristas, violadores de derechos humanos o pandilleros.
Muchos de los hombres presuntamente asociados con el Tren de Aragua fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, poco utilizada, sin revisión judicial.
Un juez estadounidense ordenó a la administración que suspendiera las deportaciones, pero el lunes la Corte Suprema dictaminó que la administración puede intentar reanudarlas si se notifica a los migrantes y se les da la oportunidad de presentar su caso ante un juez.
Informes de prensa en el Washington Post y otros medios han puesto en duda la descripción que la Casa Blanca hace de los hombres como delincuentes, y abogados han afirmado que algunos individuos fueron identificados como pandilleros por el tipo de ropa que vestían o los tatuajes que tenían.
Una investigación de CBS News reveló que tres cuartas partes de los hombres enviados a El Salvador no tenían antecedentes penales estadounidenses ni internacionales. Ahora, la revisión de Bloomberg de casos judiciales estadounidenses y declaraciones del gobierno muestra que hay muy poca documentación pública disponible que respalde la idea de que solo se expulsó a delincuentes violentos.
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