La noche de este jueves llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía un avión con migrantes venezolanos procedente de Honduras, a donde llegaron desde la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, en la que estuvieron retenidos.
Los 177 venezolanos fueron recibidos por el titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien agradeció al gobierno hondureño por el enlace. Dijo además que estas personas se encontraban en el «infierno», en referencia a Guantánamo.
«El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario, y están regresando a su país, están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos», dijo Cabello.
Señaló que revisarán si, entre estos nuevos repatriados, hay personas vinculadas con la organización criminal transnacional Tren de Aragua: «Si hay uno, diremos uno; si hay dos, diremos dos, si no hay ninguno, diremos que no hay ninguno, porque aquí no hay chantaje», agregó.
Este es el segundo grupo que retorna al país luego de que Caracas aceptara recibir a deportados por Estado Unidos a finales de enero, tras la reunión entre Richard Grenell, representante especial del presidente, Donald Trump, y Maduro.
Aunque el gobierno de Donald Trump no ha revelado detalles sobre los migrantes trasladados, una demanda presentada por organizaciones no gubernamentales en una corte del Distrito de Columbia, reveló que las autoridades han trasladado a 178 personas a Guantánamo desde el 4 de febrero.
EE UU considera a los migrantes “lo peor de lo peor”
El mandatario republicano decidió mantener a estos venezolanos retenidos en la base militar. Miembros de su administración, incluida la secretaria Kristi Noem, los han considerado “lo peor de lo peor”, al vincularlos con la banda trasnacional el Tren de Aragua, declarada grupo terrorista.
Sin embargo, familiares de seis venezolanos detenidos en la base militar dijeron en declaraciones a Efe que no se encontró registro criminal alguno que los asocie con el Tren de Aragua o con delitos graves.
La demanda liderada por ACLU acusa al gobierno de mantener a estos migrantes en estado de incomunicación y detenerlos en lo que se describe como un “agujero negro legal”.
