Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que la institución no está quebrada.
La declaración de Sánchez contradice a Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la entidad, y Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, quienes han afirmado reiteradamente que la entidad está en quiebra.
“La institución tiene recursos para honrar sus obligaciones (…) Desde el punto de vista técnico consideramos que no está quebrada”, aseveró Sánchez frente a los legisladores.
En su exposición, el auditor interno explicó que, según cifras oficiales, la Caja cuenta con reservas para el seguro de Maternidad y Enfermedad por ¢1,4 billones y para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte por ¢2,4 billones. También enfatizó en que el año pasado cerró con un superávit mayor a ¢700 millones.
Sánchez recordó que para considerar que una empresa o entidad pública está en quiebra es necesario que no tenga flujo de caja, no disponga de recursos para cumplir con sus obligaciones y no posea información financiera sólida.
Para él, la discusión sobre si la institución está o no en quiebra se ha politizado y, en su criterio, es un tema técnico y financiero.
Eso sí advirtió que “es importante considerar los desafíos y los riesgos que tiene la Seguridad Social en materia de sostenibilidad”.
Uno de esos desafíos es la atención de una población que, en los últimos años, ha experimentado un cambio en sus condiciones etarias y de morbilidad. Las tres enfermedades más frecuentes en los centros médicos son las cardiopatías, los males oncológicos y la atención de traumas, en especial por accidentes de tránsito.
Otro asunto pendiente, de acuerdo con el funcionario, es definir una política para limitar el gasto y optimizar la capacidad instalada de los servicios de salud. Igualmente, subrayó la necesidad de elaborar estudios de demanda para justificar la construcción de nuevos hospitales, clínicas y Ebáis.
Por último, mencionó que es necesario definir el futuro de la deuda que la Caja le reclama al Poder Ejecutivo por cuotas pendientes de sus trabajadores y otros rubros. En esa línea, indicó que hasta mayo del presente año, la deuda del Gobierno era de ¢3,4 billones, pero reconoció que ese saldo no ha sido aceptado por el Ministerio de Hacienda.
Con información de La Nación
