La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este 14 de enero la decisión del juez Antonio Piña de inadmitir la querella presentada por varios ciudadanos venezolanos contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y el exministro del Interior y general Miguel Rodríguez Torres. La denuncia acusaba a ambos de delitos de lesa humanidad, torturas y atentados contra la integridad moral.
El auto judicial indica que los supuestos delitos ocurrieron fuera del territorio español y afectaron a víctimas que no poseen la nacionalidad española, lo que impide que la jurisdicción española se haga cargo del caso. Así se respaldó la defensa liderada por Ismael Oliver.
Respecto al delito de lesa humanidad, la Audiencia Nacional señaló que este requiere la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, algo que no se demostró más allá de recortes periodísticos. Además, recordó que la información periodística por sí sola no basta para iniciar un proceso penal, según la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El auto también enfatiza que la Corte Penal Internacional ya investiga delitos de lesa humanidad en Venezuela, siendo esta la instancia adecuada para este tipo de denuncias, dado que la jurisdicción universal tiene carácter residual.
Luisa Ortega
Luisa Ortega fue cercana a Hugo Chávez, pero tras convertirse en disidente del Gobierno de Nicolás Maduro, sufrió persecución. En 2017, el Sebin registró su domicilio, acto que Ortega calificó como una venganza de Maduro y Diosdado Cabello. Meses antes, rompió con el Ejecutivo al oponerse al intento de disolución de la Asamblea Nacional y decidió exiliarse en Colombia, trasladándose posteriormente a España con su marido, Germán Ferrer.
Miguel Rodríguez Torres
Rodríguez Torres también fue hombre de confianza de Chávez, participando en el intento de golpe de Estado de 1992 contra Carlos Andrés Pérez. Tras ser asignado a la agencia de inteligencia de Venezuela, dirigió posteriormente el Sebin, reestructurando los servicios de espionaje. Durante su gestión, en 2004, logró detener a paramilitares colombianos que pretendían atentar contra Hugo Chávez.
