El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, ha abierto una causa contra el exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt por presuntos delitos de blanqueo de capitales a través de la sociedad Derwick Associates Corporation. Este verano, el juez ordenó practicar dos registros en propiedades de ambos en España.
Registros y cooperación internacional
Según fuentes jurídicas citadas por EFE y reportes de El Periódico de España, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía realizó los registros en agosto, en cumplimiento de una comisión rogatoria desde Suiza, donde se investiga un procedimiento por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Las actuaciones se mantienen bajo secreto judicial en el Juzgado Central de Instrucción 5, del que Pedraz es titular. Algunas operaciones investigadas habrían involucrado entidades bancarias suizas, razón por la cual la Fiscalía de la Confederación Helvética solicitó la colaboración.
Derwick Associates bajo la lupa
La investigación busca determinar la posible utilización de Derwick Associates Corporation en la presunta trama de blanqueo. Betancourt, accionista de la empresa, fue detenido la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional, aunque posteriormente quedó en libertad.
Entre las propiedades registradas se encuentra el castillo de Alamín, en Toledo, anteriormente propiedad del expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, condenado por el caso Marsans por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.
Supuestas irregularidades
Según informes policiales, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra un contrato firmado por su esposa, por el cual la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a obtener adjudicaciones con empresas públicas venezolanas del sector energético. Derwick habría conseguido varios contratos con la empresa pública EDC durante ese periodo.
Villalobos ya está procesado en el caso Duro Felguera, centrado en supuestos sobornos de la empresa española a funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas y su zona de influencia.
