Un tribunal de Costa Rica absolvió este lunes al exministro de Ambiente de Costa Rica, Roberto Dobles, por un delito relacionado a los permisos otorgados a una empresa minera canadiense para el desarrollo de una polémica mina de oro a cielo abierto, proyecto que fue cancelado en 2010 por irregularidades.
El Tribunal Penal de Hacienda leyó este lunes un fallo en el que absolvió a Dobles del delito de prevaricato (firma de resoluciones contrarias a la ley) en la tramitación de los permisos otorgados a la empresa minera Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold, para la construcción de la mina de oro Las Crucitas, en el norte del país.
Dobles había sido condenado en 2015 por este caso a 3 años de prisión con ejecución condicional de la pena (libertad condicional) pero el Tribunal de Apelación ordenó que el juicio debía repetirse, el cual concluyó este lunes con la absolutoria.
Por este caso había sido sobreseído en 2019 el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien durante su Gobierno (2006-2010) firmó junto a Dobles los permisos y decretos que avalaron el proyecto minero a partir de 2008.
En 2010 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La empresa comenzó a construir la mina Las Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, pero nunca terminó ni pudo explotar oro debido al retiro de la concesión por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y por daños ambientales causados en la zona.
La Fiscalía costarricense abrió procesos judiciales contra el expresidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el supuestos delitos al otorgar una declaratoria de interés y conveniencia nacional el proyecto minero en 2008.
En junio de 2021 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, rechazó una indemnización de 400 millones de dólares que exigía la empresa canadiense a Costa Rica por la cancelación del proyecto de minería.
El laudo arbitral determinó que Costa Rica nunca le denegó justicia y derecho de defensa al inversionista, que el país tenía su derecho de establecer sus políticas ambientales y que la empresa no logró demostrar el daño que alegaba.
En noviembre de 2022 el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que la minera canadiense apeló el fallo y que pretende reanudar el proceso.
