El Consejo de la Unión Europea resolvió este lunes 13 de noviembre extender por seis meses más las sanciones en contra de Venezuela. El organismo decidió reducir el tiempo de las restricciones, que antes tenían una duración de un año, por “los avances” que han visto en el país suramericano. Sin embargo, para el Gobierno de Nicolás Maduro, mantener estas medidas “arrogantes e ilícitas” representa una “injerencia” en asuntos del país, por lo que no permitirán la participación la Unión Europea en los procesos políticos internos.
Las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Venezuela se impusieron “en respuesta al continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”. El bloque europeo informó que el objetivo es ayudar a “fomentar soluciones democráticas compartidas con el fin de traer estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades apremiantes de la población”.
En esta última revisión, el consejo también acordó que estas medidas son flexibles y reversibles y están diseñadas para no dañar a la población venezolana. Sin embargo, recuerdan que pueden ampliarse o revertirse de acuerdo con los avances en el “el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”.
El consejo realizará una nueva evaluación el próximo 14 de mayo, cuando concluya el periodo de sanciones y asegura estar dispuesto a abordar nuevamente esta revisión en cualquier momento.
Venezuela rechaza la extensión de las sanciones
Una decisión “arrogante e ilícita”. Así calificó el Gobierno de Nicolás Maduro la resolución del Consejo de la Unión Europea de prorrogar las sanciones hasta mayo del próximo año.
En respuesta, el Gobierno dijo que esa medida “inhabilita” al bloque europeo para participar en los procesos políticos venezolanos porque, asegura, “viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas”. El oficialismo ha señalado que las restricciones son “ilegales coercitivas y unilaterales”.
“La Unión Europea refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas que, en este caso, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley”, dice un comunicado del Gobierno.
Un ‘frágil’ acuerdo de Barbados
La extensión o la eliminación de las sanciones en Venezuela dependerá de la implementación del acuerdo de Barbados en las elecciones del próximo año. Es decir, los avances hacia la liberación incondicional de todos los políticos y opositores presos, la libertad de expresión en la prensa y la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales.
Sin embargo, hasta el momento solo cinco de los más de 200 políticos y opositores presos han sido liberados. Además, María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias de oposición, ha sido inhabilitada por 15 años para competir por un cargo de elección popular.
Aunque se permitió que la oposición realizara sus internas, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos de esta elección; es decir, el triunfo de Machado por supuestas irregularidades en el número de participantes.
José Brito, diputado opositor al Gobierno, intentó participar en las elecciones primarias, pero quedó fuera de la contienda. Desde entonces, asegura que no existe transparencia en el proceso que realizó la Comisión Nacional de Primarias, encargada de las internas opositoras.
El Gobierno también se sumó a las críticas de Brito y consideran que hubo “fraude” en esas elecciones. La Fiscalía General inició con las investigaciones y llamó a comparecer a varios integrantes de la comisión organizadora.
El presidente Nicolás Maduro ha reiterado que no cederá a “chantajes” y que continuará el proceso electoral “con o sin sanciones”. Esto, debido a que Estados Unidos, que acompañó el proceso de Barbados y levantó temporalmente sanciones -referentes al sector hidrocarburífero-, advirtió a Venezuela de que podría revertir dicha decisión si no observa avances del acuerdo.
Por ello, el Gobierno venezolano instó a la Unión Europea a “evitar prácticas colonialistas con Estados soberanos como Venezuela y, en su lugar, crear espacios positivos de cooperación”.
En abril pasado se cumplieron diez años de la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en los comicios convocados tras el fallecimiento de Hugo Chávez.
Después de un primer periodo de Gobierno, Maduro fue reelegido en 2018 en los comicios presidenciales de más baja participación en Venezuela, con escasa representación de la oposición y cuyas condiciones generaron rechazo de varios países.
