En las últimas dos décadas, primero el chavismo y ahora el madurismo, se han valido de la modificación de las leyes para afianzar su control del Estado y eliminar políticamente a sus adversarios. Las inhabilitaciones para ejercer cargos de elección popular forman parte de esta estrategia en Venezuela.
La mayoría de los aspirantes presidenciales de la oposición están en este momento inhabilitados, o bien, a pesar de haber cumplido el tiempo de la inhabilitación, siguen impedidos de formalizar ante la autoridad electoral una eventual candidatura presidencial en 2024.
Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición, sostiene que esta instancia ha decidido que las personas “que han sido víctimas de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República pueden participar en la elección primaria. Serán los ciudadanos quienes deben valorar esa situación. Eso sí, nosotros exhortamos, hemos exhortado ya varias veces, a que sean revocadas estas inhabilitaciones, porque nos genera un problema en el proceso de primaria, en el sentido de un cierto desbalance, porque entonces hay candidatos que están afectados, otros que no, y son medidas que consideramos injustas, inconstitucionales, pero además de exhortar a que sean revocadas estas medidas, nosotros les reconocemos sus derechos políticos de participar en las primarias”.
La posibilidad de que un aspirante presidencial opositor inhabilitado gane las primarias (organizadas por la oposición) y después no pueda formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) es real. Según Casal, “de resultar ganador un candidato víctima de inhabilitación, nosotros lo proclamaremos ganador de la primaria y tocará sobre todo a los propios ciudadanos, no solo a los que votaron por él, sino ya como un compromiso de todos, y también de las distintas fuerzas políticas y nosotros como Comisión Nacional de Primaria, apoyar a ese candidato para que pueda ser el candidato unitario a la presidencia de la República y pueda ejercer su cargo. Hay cosas ahí que no estarán en nuestras manos, pero es un proceso político que le dará un respaldo a un liderazgo y que, como compromiso de la propia primaria, deberemos respaldar a esa figura para que pueda llegar a la candidatura presidencial”.
Las inhabilitaciones políticas para el ejercicio de cargos de elección popular, sin que medie una sentencia firma de un juez por delitos de corrupción, comenzaron a utilizarse en Venezuela en el año 2006, afectando principalmente a candidatos postulados por la oposición y recientemente a aspirantes a cargos provenientes del chavismo disidente del gobierno de Nicolas Maduro.
Esta facultad de la Contraloría General de la República de inhabilitar a ciudadanos para el ejercicio de cargos de elección popular está fundamentada en el artículo 105 de la ley que la regula. Este artículo otorga a su máxima autoridad, el Contralor General de la República, la posibilidad de imponer las inhabilitaciones para el ejercicio de los cargos públicos por hasta un máximo de quince años.
No obstante, esta facultad del Contralor General de la República está en contradicción con la Constitución, que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por una sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.
De hecho, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos decidió el 20 de noviembre de 2015 que el artículo 105 de la Ley de la Contraloría viola el Pacto de San José porque «se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, (cuando) debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”.
La UE y la CIDH piden que se eliminen las inhabilitaciones
Una de las siete recomendaciones principales que contienen el informe de la Unión Europea después de las elecciones municipales y regionales de 2021 es el exhorto para que el Estado venezolano “suprima la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”
En el pasado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de las medidas de inhabilitación política.
El último episodio de manipulación electoral a través de las inhabilitaciones ocurrió en 2021. En ese momento el gobierno de Maduro acudió a la inhabilitación nuevamente, concretamente en la elección del gobernador del estado Barinas, luego de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenara repetir el proceso electoral de dicho cargo alegando que el eventual ganador (el candidato opositor Freddy Superlano) no podía asumir el puesto, pues había sido inhabilitado para ejercer funciones públicas por la Contraloría General de la República.
Después de este evento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado venezolano a adoptar un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho.
Capriles Radonski, Guaidó y María Corina Machado
Al menos tres de los principales candidatos presidenciales opositores tienen algún tipo de restricción en este momento para participar en los comicios de 2024.
Juan Guaidó y Henrique Capriles Radonski están inhabilitados para el ejercicio de cargos de elección popular por 15 años. En el caso de Machado, aunque su inhabilitación culminó en 2016, la autoridad electoral venezolana la sigue mantienen en el listado de personas impedidas de postular a cargos de elección popular.
Otros casos son menos claros. El aspirante César Pérez Vivas culminó su inhabilitación en 2022, pero sigue en el listado de personas impedidas de postular ante la autoridad electoral. Otros aspirantes como Delsa Solorzano y Carlos Prosperi han sido señalados en algunas declaraciones de funcionarios de la Contraloría General como objeto de inhabilitaciones, pero no existe información oficial para corroborar su estatus. Por último, la inhabilitación a Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia, fue suspendida en 2017, pero su caso nunca fue resuelto, ni finalizado por la Contraloría General de la República,
Sobre este particular, Capriles Radonski ha indicado: “Usted puede estar hoy inhabilitado y mañana habilitado. Porque al final somos parte de las arbitrariedades de quienes están en el poder (…) Todas las inhabilitaciones deben levantarse (…) No sé qué va a pasar, pero yo no me puedo auto habilitar. Ni voy a pedirle permiso al gobierno si puedo correr o no puedo correr. Lo que no voy a esperar es si pasa o no pasa algo para salir a defender mi causa”.
Por otra parte, en relación con la declaración de Diosdado Cabello sobre la presunta solicitud del partido Primero Justicia para inhabilitar a María Corina Machado señaló: “lo que busca es sembrar intriga, queremos unas elecciones sin inhabilitados. En Venezuela tienen que levantarse todas las inhabilitaciones. (…) Les dije que ese personaje es el primero que no quiere que haya solución a la crisis económica y social, porque él vive de eso. Diosdado paga sus despechos y frustraciones internas con la oposición.”
Solo entre 2002 y 2015, la Contraloría General de la República inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos. Entre ellos destacan el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, quien no pudo aspirar a la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008 ni participar en las presidenciales de 2012 porque en 2005 fue sancionado.
No solo los opositores al Gobierno han sido inhabilitados, sino también disidentes del chavismo como el general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior (2013-2014) y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a quien la CGR inhabilitó en 2018 para ejercer cualquier cargo público tras manifestar su desacuerdo con el Gobierno de Maduro. El militar, a raíz de sus críticas a este último, pasó de ser parte de su tren ejecutivo a estar detenido. Recientemente fue liberado y debió abandonar el país.
Según los integrantes de la ONG Acceso a la Justicia “la Contraloría General de la República se ha convertido en una pieza fundamental de la estrategia electoral del chavismo”.
En un reciente informe sobre las inhabilitaciones políticas sostienen que estas sanciones violan el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto indica que los derechos políticos sólo pueden restringirse mediante una condena dictada por el juez competente en un proceso penal; por ello, en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instó a Venezuela a derogar esa norma.
