A partir de este viernes 12 de junio, España dejará de conceder y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, un mecanismo que durante los últimos años benefició principalmente a ciudadanos venezolanos. La medida coincide con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Según una nota informativa del Ministerio del Interior español, el país dejará de reconocer y renovar este tipo de protección humanitaria tal como venía aplicándose hasta ahora.
La decisión pone fin a un sistema implementado en 2018 para responder al elevado número de solicitudes de asilo presentadas por venezolanos y a la baja tasa de reconocimiento del estatus de refugiado. Gracias a este mecanismo, alrededor de 240.000 ciudadanos venezolanos lograron regularizar su situación migratoria en España.
¿Qué ocurrirá con quienes ya tienen este permiso?
El Ministerio del Interior indicó que quienes actualmente poseen una residencia temporal por razones humanitarias ya no podrán renovarla ni utilizarla para procesos de reagrupación familiar. En estos casos, las autoridades recomiendan tramitar otras autorizaciones de residencia y trabajo contempladas en la legislación de extranjería.
Las autoridades españolas han previsto mecanismos de transición para que los afectados puedan optar por otros permisos migratorios.
Nuevas reglas para solicitudes de asilo
Con la entrada en vigor del pacto migratorio europeo, España también aplicará un nuevo procedimiento para las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera.
Las personas que lleguen en embarcaciones precarias o sean interceptadas durante intentos de ingreso irregular podrán ser sometidas a un procedimiento acelerado cuya resolución no deberá superar las 12 semanas. Mientras se estudia su caso, permanecerán en instalaciones habilitadas por las autoridades, sin autorización de entrada formal al territorio español.
Además, la denegación de la solicitud de asilo podrá derivar directamente en un procedimiento de retorno o devolución.
El nuevo sistema también contempla un examen acelerado para solicitantes procedentes de países cuya tasa de reconocimiento de protección internacional sea igual o inferior al 20 % en el conjunto de la Unión Europea.
La modificación representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria española de los últimos años y afecta especialmente a la comunidad venezolana, que actualmente supera las 700.000 personas residentes en España.
