El juez federal Alvin Hellerstein, que lleva el caso penal en Estados Unidos contra el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, emitió una orden que regula el uso y la gestión del material probatorio confidencial entregado a la defensa.
La decisión establece un marco de protección para las evidencias recopiladas por la Fiscalía, con el objetivo de evitar su divulgación fuera del proceso judicial.
Según la orden, la defensa no podrá compartir el material con otros acusados que aún no han sido detenidos en el caso, ni con sus representantes legales.
Asimismo, el uso de las pruebas queda restringido exclusivamente a fines de defensa dentro del proceso, prohibiéndose su difusión en medios de comunicación o redes sociales.
La Fiscalía había solicitado este tipo de medidas argumentando riesgos para la seguridad de testigos y la integridad de la investigación.
El tribunal también mantuvo la posibilidad de clasificar parte de la evidencia bajo niveles más estrictos de confidencialidad, limitando su acceso incluso dentro del equipo legal.
La disposición permanecerá vigente durante el desarrollo del proceso y podrá extenderse incluso después de su conclusión.
