La inestabilidad política se ha convertido en una constante en Perú durante la última década. Ningún gobierno ha logrado ejercer el poder con estabilidad y los cambios de mando se han sucedido por decisiones del Parlamento, que ha consolidado un rol determinante en la permanencia —o salida— de los presidentes.
La reciente destitución de José Jerí, quien ejercía la presidencia interina hasta las elecciones previstas para el 12 de abril y la asunción de nuevas autoridades en julio, marca otro episodio en esta prolongada crisis. Su salida se produce apenas meses después de que Dina Boluarte también fuera removida por el Congreso.
En declaraciones a France 24, el analista político Fernando Tuesta Soldevilla explicó que el país vive una “anormalidad democrática” en la que el equilibrio de poderes se ha alterado en la práctica.
“Jerí es parte de esta larga fila de presidentes sin poder. En sistemas presidenciales como el nuestro, el jefe de Estado y de Gobierno concentra amplias facultades, pero en Perú esa realidad ha cambiado”, sostuvo. Según el experto, aunque la Constitución no ha sido modificada en ese aspecto, en los hechos el Parlamento ha asumido la capacidad de imponer o retirar presidentes. “Quien manda es el Parlamento”, afirmó.
Un nuevo mandatario en medio del sismo político
Tras la salida de Jerí, Perú deberá designar a su octavo presidente en diez años. Todo esto ocurre a menos de dos meses de las elecciones generales, en un contexto en el que las fuerzas políticas buscan minimizar el impacto electoral de la crisis.
El Congreso también enfrentará renovación parcial: de los 130 legisladores, 88 aspiran a la reelección, un elemento que añade presión al escenario político.
Tuesta Soldevilla advirtió que el presidente que asuma de manera inmediata tendrá un margen de acción muy limitado, ya que su mandato culminaría el 28 de julio. En cuanto al próximo gobernante elegido en abril, consideró que su estabilidad dependerá de su fortaleza parlamentaria. “Si no cuenta con respaldo sólido, podríamos continuar con este ciclo de inestabilidad”, señaló.
Diez años de turbulencia institucional
Desde 2016, siete presidentes han abandonado el cargo antes de completar el mandato constitucional de cinco años. Ollanta Humala fue el último en concluir su período.
Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 en medio de un proceso de vacancia por acusaciones vinculadas al caso Odebrecht. Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia, pero también fue destituido en 2020 bajo la figura de “incapacidad moral permanente”.
Manuel Merino, entonces titular del Congreso, ocupó brevemente el cargo, pero renunció tras masivas protestas que dejaron dos fallecidos. Francisco Sagasti condujo el gobierno de transición hasta 2021.
El siguiente presidente electo, Pedro Castillo, enfrentó múltiples denuncias de corrupción y fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso en un movimiento considerado inconstitucional. Posteriormente fue detenido.
Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de protestas y cuestionamientos, permaneciendo en el cargo hasta octubre de 2025, cuando también fue removida por el Parlamento bajo la figura de incapacidad moral. Jerí ocupó entonces la jefatura del Estado de manera interina hasta su reciente destitución.
Las herramientas del Congreso
La “vacancia por permanente incapacidad moral”, contemplada en el artículo 113 de la Constitución, se ha convertido en el principal mecanismo para destituir presidentes. Aunque originalmente estaba vinculada a la imposibilidad física o mental, su interpretación se ha ampliado con el tiempo, generando debate sobre su uso político.
En el caso de Jerí, su salida se produjo mediante una moción de censura, una figura parlamentaria que permite remover a autoridades que ocupan cargos de confianza. A diferencia de la vacancia presidencial, la censura requiere menos votos y no implica necesariamente una inhabilitación política permanente.
En un país que se acerca a nuevas elecciones, la decisión del Congreso vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema político peruano y deja abierta la interrogante sobre si el próximo gobierno logrará romper el ciclo de confrontación institucional.
Agencias
