La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto sancionar este jueves la ley de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, una iniciativa que ha generado controversia por las observaciones formuladas por organizaciones no gubernamentales, abogados y familiares de presos políticos.
El Parlamento, de mayoría oficialista, dio luz verde al proyecto en primera discusión la semana pasada y avanzó en consultas con distintos sectores. Sin embargo, diversas ONG han advertido que el texto presenta aspectos que, a su juicio, deben revisarse antes de su aprobación definitiva.
Observaciones de ONG y expertos
Organizaciones como Acceso a la Justicia han señalado que el proyecto incluye conceptos que podrían desnaturalizar la figura de la amnistía, al introducir términos que —según argumentan— implicarían una presunción de responsabilidad penal previa.
Asimismo, abogados defensores y activistas han manifestado preocupación por el alcance real de la norma, especialmente en lo relacionado con presos políticos militares, personas en el exilio y períodos de detención que podrían quedar fuera del beneficio.
Familiares de detenidos también han expresado inquietudes sobre los tiempos de discusión del proyecto, al considerar que una ley de esta naturaleza debería contar con un proceso más amplio de análisis y consulta.
Alcance de la ley de amnistía en Venezuela
El texto contempla hechos ocurridos desde 1999, aunque establece delimitaciones específicas vinculadas a distintos episodios políticos registrados en el país durante los últimos años.
La propuesta se enmarca en lo que el Ejecutivo ha descrito como un “nuevo momento político”, en paralelo a un proceso de excarcelaciones anunciado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por autoridades de Estados Unidos.
De concretarse su aprobación, la ley marcaría un nuevo capítulo en el escenario político venezolano, aunque persisten cuestionamientos sobre su implementación y alcance real.
