Después de más de tres días sin conocerse su paradero, el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, confirmó este lunes 11 de agosto la detención de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales. Fue secuestrada por funcionarios afines al régimen de Nicolás Maduro el pasado viernes 8 de agosto, tras retirarse de una protesta frente a la sede de la ONU en Caracas.
En la manifestación, familiares y organizaciones exigían la libertad de los presos políticos en Venezuela.
Testigos denunciaron que Grajales fue interceptada por sujetos en vehículos sin identificación oficial y trasladada a un destino desconocido, generando gran preocupación en organizaciones nacionales e internacionales por su integridad física.
A través de sus redes sociales, Saab informó que Grajales fue “presentada e imputada” por un tribunal, acusándola de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación. Además, se le dictó medida de privación de libertad.
Esta imputación ocurre en medio de una creciente ola de criminalización de la protesta y persecución a defensores de derechos humanos en Venezuela, según denuncian ONG como Provea y el Foro Penal.
El Ministerio Público aseguró que “velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso”, aunque activistas y abogados defensores cuestionan la independencia del sistema judicial venezolano. Advierten que estos procesos suelen estar marcados por acusaciones sin pruebas sólidas y motivaciones políticas.
Organizaciones de derechos humanos exigen la liberación inmediata de Martha Lía Grajales, alertando que su detención forma parte de una estrategia para intimidar a la sociedad civil y silenciar las denuncias contra el gobierno de Maduro.
