La Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes las sanciones impuestas por la administración Trump contra cuatro juezas del tribunal, calificándolas como una “amenaza grave a la justicia internacional”.
La Asamblea denunció un “lamentable atentado contra la independencia” del tribunal y advirtió que estas acciones buscan obstaculizar su labor judicial en casos sensibles como Gaza y Afganistán.
Estados Unidos sancionó a las magistradas Solomy Bossa (Uganda), Luz Ibáñez Carranza (Perú), Reine Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Dos de ellas autorizaron las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, mientras que las otras intervinieron en decisiones sobre crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
La CPI cuestionó que Washington seleccionara sólo a jueces de países más vulnerables, ignorando a colegas de Francia, Canadá, Polonia o Reino Unido, quienes también participaron en esas decisiones.
Además, advirtió que estas medidas tienen efectos extraterritoriales, ya que prohíben a empresas o ciudadanos estadounidenses (y sus filiales) cooperar con los sancionados, bajo pena de sanciones penales.
La Asamblea llamó a los 125 Estados parte a defender a la Corte y resistir presiones externas. Ni EE.UU., Israel, Rusia ni China son miembros del tribunal.
En paralelo, Rusia también ha emitido sanciones similares, tras las órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada Maria Lvova-Belova, por deportación forzada de niños ucranianos. Moscú ordenó la captura del fiscal Karim Khan y tres jueces del caso.
