La Corte Constitucional de Colombia aclaró que no tiene competencias para pronunciarse sobre el trámite legislativo de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, hundida en el Senado el pasado 14 de mayo.
“La Corte no ejerce funciones consultivas, no resuelve consultas ni emite opiniones de ninguna naturaleza”, señaló el alto tribunal en un comunicado oficial.
La declaración se produce tras la publicación de un documento por parte de la congresista Katherine Miranda, en el que una asesora de la Corte afirmaba que el visto bueno del Senado era requisito para que el Gobierno convocara la consulta. El tribunal calificó esa respuesta como una “extralimitación de funciones” y anunció una revisión interna.
El Gobierno denunció el rechazo legislativo como un “fraude” e insiste en promover una nueva consulta, ahora con 16 preguntas, aunque el Senado ya debate una reforma laboral similar revivida tras el fracaso de la iniciativa original.
El Ejecutivo incluso advirtió que podría convocar la consulta por decreto, lo que fue rechazado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien lo calificó como un riesgo para la separación de poderes.
La Corte enfatizó que ninguna opinión individual compromete su postura institucional y que se notificará a las autoridades disciplinarias para iniciar las investigaciones pertinentes.
