Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ordenó mantener en vigor una medida que exige al Gobierno del presidente Donald Trump repatriar a un joven venezolano deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de contar con un caso de asilo pendiente.
La decisión, emitida este lunes por el Cuarto Circuito de Apelaciones en un fallo dividido (2-1), respalda la orden previa de un juez federal de Maryland, que consideró ilegal la deportación del hombre de 20 años, quien llegó a Estados Unidos siendo menor de edad y estaba protegido por normas especiales para inmigrantes no acompañados.
El tribunal determinó que el joven no podía ser expulsado hasta que se resolviera completamente su solicitud de asilo. Los jueces DeAndrea Benjamin y Roger Gregory criticaron duramente el intento del Ejecutivo de justificar la expulsión utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1897 reservada para tiempos de guerra.
Gregory advirtió en su escrito:
“Es deber de los tribunales erigirse como un baluarte contra las corrientes políticas que buscan anular las protecciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho, incluso en nombre de fines nobles como la seguridad pública”.
La Administración Trump había defendido la deportación alegando que los expulsados pertenecían al grupo criminal Tren de Aragua, operando en coordinación con Venezuela. Sin embargo, no presentó pruebas públicas que sostuvieran la acusación.
El caso Ábrego y el Cecot
El operativo del 15 de marzo, con base en esa misma ley, envió a 238 venezolanos y 23 salvadoreños al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, incluido Kilmar Ábrego García, residente en Maryland y casado con una ciudadana estadounidense. El propio Gobierno admitió después que su deportación fue un error, ya que contaba con protección judicial contra su expulsión.
La Corte Suprema también bloquea la ley
En paralelo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos mantuvo este viernes el bloqueo a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones migratorias mientras el Quinto Circuito revisa las demandas interpuestas por defensores de derechos humanos y migrantes.
La resolución de estos casos podría marcar un precedente importante sobre los límites legales en la aplicación de medidas migratorias excepcionales, incluso en contextos de seguridad nacional.
