Migrantes detenidos enfrentan plazos mínimos para apelar deportaciones gracias a una controvertida medida impulsada durante la administración de Donald Trump, que revive la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde 1798. La estrategia, según denuncian expertos, vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo el debido proceso de cientos de personas, principalmente venezolanos.
Solo 12 horas para defenderse
De acuerdo con documentos judiciales citados por ABC News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) notificó a migrantes que tienen “no menos de 12 horas” para manifestar su intención de presentar una petición de hábeas corpus que frene su deportación.
Si lo hacen, tienen 24 horas adicionales para formalizar la petición ante un tribunal. De lo contrario, ICE puede proceder con la expulsión inmediata. Las notificaciones se entregan en inglés, aunque, según ICE, los agentes las explican verbalmente en el idioma del detenido.
Venezolanos entre los más afectados
La medida se ha dirigido en particular contra ciudadanos venezolanos detenidos en El Valle, Texas. La organización Tren de Aragua fue calificada por autoridades como un “Estado criminal híbrido” que estaría intentando “invadir” Estados Unidos, justificando así la expulsión masiva.
El 15 de marzo se ejecutaron deportaciones hacia El Salvador, donde varios migrantes fueron enviados a la megacárcel de Bukele (CECOT), sin contar con antecedentes penales en EE.UU., según admitió un funcionario del ICE.
ACLU y jueces frenan el proceso
La American Civil Liberties Union (ACLU) calificó de inconstitucional el proceso. “Doce horas no son suficientes para una defensa justa”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la organización.
Varios tribunales federales en EE.UU. han bloqueado temporalmente las deportaciones, al considerar que la Ley de Enemigos Extranjeros no aplica en este contexto, ya que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela.
Un marco legal del siglo XVIII en plena crisis migratoria
El debate se mantiene abierto. La Corte Suprema aún no ha emitido un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de aplicar esta ley a migrantes en tiempos de paz. Mientras tanto, organizaciones legales seguirán presentando apelaciones y cuestionando el uso de esta herramienta histórica como instrumento de deportación rápida.
Este proceso legal permite, al menos temporalmente, que los migrantes tengan la oportunidad de defenderse antes de ser expulsados, en muchos casos, a cárceles internacionales de alta seguridad.
