El Gobierno de Costa Rica ha tenido que reducir su capacidad de registrar solicitudes de asilo de nicaragüenses debido al recorte del 41 % en los fondos que ACNUR —la agencia de la ONU para los Refugiados— destinaba a esa tarea, según informó este viernes el organismo desde su sede en Ginebra.
Fuerte recorte desde EE.UU.
La medida se da tras una fuerte reducción en la financiación que ACNUR recibía, principalmente desde Estados Unidos, y que ha afectado a numerosas organizaciones humanitarias en todo el mundo.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica desde 2018, lo que ha llevado a cientos de miles de nicaragüenses a huir del país. De ellos, aproximadamente 200.000 han buscado refugio en Costa Rica, el principal destino de esta diáspora.
A pesar del paso de los años, el flujo migratorio se mantiene elevado: entre 3.000 y 7.000 nuevas solicitudes de asilo por mes, según precisó Ruvendrini Menikdiwela, alta comisionada de protección del ACNUR, durante una rueda de prensa.
Peligro para la asistencia humanitaria
Menikdiwela explicó que el recorte compromete seriamente el acceso de los solicitantes de refugio a servicios esenciales como asistencia legal, educación, formación laboral y apoyo psicológico, especialmente en comunidades vulnerables y zonas alejadas.
ACNUR estima que se requieren al menos 40 millones de dólares para sostener estos programas y evitar su colapso.
A pesar del panorama crítico, la funcionaria destacó el compromiso solidario del gobierno y del pueblo costarricense. Aseguró que, según las conversaciones más recientes con autoridades locales, no existe ninguna señal de que el país vaya a cerrar sus fronteras o expulsar a nicaragüenses.
No obstante, subrayó que la continuidad del sistema de refugio depende en gran medida de la disponibilidad de recursos económicos.
