Un grupo de abogados contratados por el gobierno de Nicolas Maduro solicitó este lunes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intervenir para permitir que puedan verificar la “prueba de vida” de los más de 250 venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente recluidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
En una carta entregada a la Casa Presidencial salvadoreña, los abogados pidieron establecer un canal de comunicación —físico o virtual— para poder entrevistar a los detenidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), prisión construida para miembros de pandillas. Solicitaron también que se garantice el respeto de los derechos humanos de los detenidos y se les informe sobre los cargos que enfrentan.
El acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, que incluyó la deportación de 252 venezolanos, ha generado controversia. Mientras que EE. UU. acusó a los deportados de pertenecer al Tren de Aragua, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado posibles violaciones de derechos humanos, incluyendo desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Las familias de los deportados también han alzado la voz, denunciando la falta de contacto con sus seres queridos y negando cualquier vínculo con organizaciones criminales. Ante esta situación, los abogados del gobierno venezolano han solicitado la liberación de los detenidos y la autorización para realizar entrevistas, aunque hasta ahora no han recibido respuesta.
En la misiva entregada al gobierno de Bukele, los abogados reiteraron que los deportados no forman parte del Tren de Aragua, sino que fueron arrestados por su estatus migratorio irregular y carecen de antecedentes penales. Además, expresaron su desacuerdo con la propuesta de canje entre Bukele y Maduro, por la falta de fundamentos legales que respaldaran dicha acción.
El acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos también incluye un presupuesto significativo para la custodia de estos prisioneros. Las autoridades estadounidenses consideran que El Salvador podría recibir incluso a ciudadanos de su propio país en situaciones similares, aunque esto se encuentra limitado por la ley.
Con información de AP
