El expresidente filipino Rodrigo Duterte ingresó este miércoles en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), tras aterrizar en Países Bajos extraditado por Manila acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019.
A las puertas del centro de detención, se concentraron unas 250 personas -muchas de ellas entre lagrimas- para mostrar su apoyo al exdirigente, y lo hicieron con banderas filipinas, y carteles donde se podía leer: “We love you, Tatay Digong” (Te queremos, Papá Digong, un apodo cariñoso de Duterte) y a gritos a favor de su liberación.
Orden de detención de la CPI
El avión que trasladó al exdirigente desde Filipinas hasta Países Bajos aterrizó en el aeródromo neerlandés cerca de las 16.55 de la tarde (15.55 GMT), tras hacer una larga parada en Dubái, donde Duterte recibió un chequeo médico rutinario y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo.
La CPI hizo pública la orden de arresto contra Duterte, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo.
Los jueces indicaron que «existen motivos razonables» para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas «atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas», al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Estos «actos violentos» se cometieron, señala la CPI, como parte de «una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato».
Duterte es “coautor indirecto”
Dada la posición y funciones de Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que «tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones» y es «coautor indirecto» del crimen de asesinato.
«La Sala considera que existió un ‘ataque’ dirigido contra la población civil, llevado a cabo de conformidad con una política organizacional durante el período en el que Duterte dirigió el DDS, y posteriormente como política de Estado cuando ocupó el cargo de presidente», explicó la CPI.
Se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía.
El «papel central» que se le imputa incluye: el diseño y promoción de una política de exterminio de criminales; establecimiento y dirección del DDS; proporción de armas, vehículos y equipos a los perpetradores; orden directa de actos de violencia; la selección de funcionarios clave para ejecutar los crímenes; y la protección de los perpetradores de la justicia.
Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
