La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresaron este lunes su preocupación «por los impactos que la minería ilegal y otras economías ilícitas están teniendo sobre la vida, la salud y la supervivencia del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco» e instaron al Estado venezolano a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida de este pueblo «ante el incremento de la violencia, la propagación de enfermedades infecciosas y el deterioro ambiental«.
«Según líderes indígenas del pueblo Yanomami, la presencia de mineros ilegales (garimpeiros) y el avance de grupos brasileños y colombianos vinculados a economías ilícitas, en 2024, contribuyen a la creciente violencia en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Esta situación ha generado un aumento significativo del desplazamiento forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud, especialmente de personas mayores, niñas, niños y mujeres. Como resultado, los modos de vida tradicional y la propia existencia del pueblo Yanomami están desapareciendo«, ha dicho el órgano hemisférico.
La Comisión y su REDESCA destacan que la crisis sanitaria aguda existente en el país acentúa el desamparo que atraviesan las comunidades indígenas de la región amazónica. «Líderes indígenas han alertado sobre la prevalencia de enfermedades por infecciones respiratorias, tuberculosis, diarreas, hepatitis y, en general, de trasmisión sexual y otras prevenibles con vacunas. De acuerdo con registros propios del pueblo Yanomami, la malaria habría provocado la muerte de al menos 390 personas indígenas en los últimos dos años«.
En una audiencia realizada ante la CIDH el pasado mes de julio, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en la Amazonía Venezolana (WAYAMOUTHERI), el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA), Horonami Organización Yanomami, el Observatorio para la Defensa de la Vida y Provea, denunciaron la grave situación que enfrenta el pueblo Yanomami como parte de un contexto más amplio y generalizado en el sur de Venezuela que también afecta, de distintas maneras, a los 26 pueblos indígenas que habitan en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
El avance de la minería ilegal en estas zona del país, especialmente durante la última década, ha sido vertiginoso y arrollador. Miles de mineros han invadido la región, y grupos irregulares de diferente naturaleza, además de individuos vinculados a cuerpos de seguridad del Estado, se han disputado las zonas mineras y la trama de negocios ilícitos vinculados a la minería, como la extorsión económica, el tráfico de minerales, el contrabando de combustible, drogas y mercurio, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, etc.
En este escenario, los conflictos socioambientales y las violaciones de derechos humanos se han agudizado de manera alarmante, tal como ha sido documentado en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.
Los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana han visto cómo por la minería ilegal diversos grupos han invadido sus tierras, empujando a algunos de ellos a involucrarse en esas actividades o incluso han sido reclutados por dichos grupos. Por otra parte, numerosos líderes indígenas, defensores de sus derechos territoriales y ambientales, se han convertido en la primera línea de defensa de sus comunidades, enfrentando todo tipo de amenazas y riesgos a su vida e integridad.
La CIDH y su REDESCA instan a Venezuela a «adoptar medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar acciones que amenacen la vida y la integridad del pueblo Yanomami, ya sean perpetradas por terceros o agentes estatales» y lamentan que dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco «es complejo debido a la opacidad informativa, la renuencia del Estado al escrutinio internacional y la falta de independencia de instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo«, urgiendo al Estado a «producir y publicar información verificable sobre la situación del Pueblo Yanomami y adoptar medidas urgentes para que las instituciones creadas para promover y defender los derechos humanos funcionen de forma autónoma e independiente«.
