La costarricense Nancy Hernández fue elegida este martes como la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cargo que ejercerá por 2 años a partir del próximo 1 de enero.
La CIDH, reunida en un periodo ordinario de sesiones escogió este martes a Hernández como su presidenta para el periodo que abarca del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025, mientras que el brasileño Rodrigo Mudrovitsch será el vicepresidente.
«La jueza Nancy Hernández López integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2022. Jurista con más de 30 años de experiencia judicial, profesora universitaria, especialista en derecho constitucional, derechos humanos, derecho público, magistrada titular de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica», detalló la CIDH en un comunicado.
El alto tribunal también destacó que la jueza costarricense ha participado en su país en la elaboración de importantes proyectos de ley en materia de derechos humanos y a favor de poblaciones en estado de vulnerabilidad como, privados de libertad y enfermos de VIH-SIDA.
«Sus sentencias hablan del compromiso con los derechos humanos, entre éstas el matrimonio igualitario, la paridad- horizontal a favor de los derechos políticos de la mujer (que significado uno de los mayores porcentajes de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa actualmente), también en materia de tortura y abuso policial de detenidos», afirmó la CIDH acerca de la trayectoria de Hernández en Costa Rica.
Por su parte, la Cancillería de Costa Rica felicitó a la jueza por su nombramiento como presidenta del tribunal continental y recordó que es la tercera mujer que ejerce el cargo en la historia de la CIDH y además la tercera persona de nacionalidad costarricense en ocupar ese puesto.
«Costa Rica confía en que los amplios atestados de la jueza Hernández y su intachable hoja de vida, contribuyan al continuo fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a la independencia y autonomía de la CorteIDH en la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en sus funciones contenciosas como consultivas», expresó la Cancillería costarricense.
